El texto realiza un análisis conceptual del derecho a la salud en Colombia en el marco de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que reconoce la salud como un derecho fundamental autónomo y sujeto de tutela. Destaca que la Constitución de 1991 ya establecía la protección de la vida y consideraba la salud como un servicio público a cargo del Estado, garantizando el acceso a servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Sin embargo, antes de la ley estatutaria, la falta de reconocimiento explícito de la salud como derecho fundamental generó vacíos y abusos en la protección judicial, usando otras figuras como el libre desarrollo de la personalidad para tutelar tratamientos costosos. La Ley 1751 de 2015 respondió a la orden de la Corte Constitucional (Sentencia 760 de 2008), elevando la salud a derecho fundamental, con autonomía y mecanismos claros de tutela, aunque persisten desafíos en la determinación de procedimientos obligatorios y la reglamentación por parte de los organismos competentes. El estudio enfatiza que la salud debe garantizar la dignidad humana, el acceso equitativo a servicios de calidad y la posibilidad de que los individuos desarrollen su proyecto de vida, en concordancia con los principios de derechos humanos universales.

El texto analiza el voto como un derecho fundamental en las democracias, destinado a legitimar a los representantes elegidos, aunque presenta restricciones en algunos países, como la edad, sanciones políticas o la pertenencia a las Fuerzas Armadas. En Colombia, el personal activo de las Fuerzas Militares no puede ejercer este derecho, lo que genera una contradicción frente a los principios constitucionales de democracia participativa y universalidad del sufragio. El estudio compara esta situación con los casos de Venezuela y Perú, países que reformaron sus legislaciones para permitir el voto de los militares, argumentando su alineación con estándares internacionales de derechos humanos. A partir de este análisis, se plantea el debate sobre la pertinencia de mantener o eliminar la restricción en Colombia. La investigación se estructura en tres partes: una revisión conceptual, histórica y normativa del voto; un análisis comparado de las constituciones de Venezuela y Perú; y una discusión sobre los argumentos a favor y en contra de permitir el sufragio militar en Colombia, en relación con la Constitución de 1991 y los principios de democracia y universalidad del voto.

El texto analiza la protección de los hijos menores en las uniones maritales de hecho en Colombia, en el contexto del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991. Señala que, aunque el Estado reconoce y regula estas uniones como formas legítimas de familia, garantizando derechos y visibilidad social a quienes las constituyen, persisten vacíos o desigualdades en la protección de los hijos, especialmente en la fijación de alimentos. Destaca cómo la familia ha evolucionado más allá del matrimonio formal, surgiendo nuevas formas de convivencia basadas en la voluntad de compartir vida y responsabilidades. El estudio critica que, pese a la apertura legal hacia estas uniones, el Estado a veces trata de manera desigual a los hijos de estas familias, evidenciando la necesidad de ajustar la normativa para garantizar equidad y protección plena en todos los escenarios familiares reconocidos.

La monografía analiza la situación jurídica de los convenios, conferencias y tratados internacionales relacionados con el derecho administrativo y la protección efectiva del medio ambiente en Colombia. Se destaca el creciente interés del Estado y la sociedad por la protección ambiental, impulsado por la conciencia sobre los problemas ecológicos y la necesidad de mecanismos de conservación. El estudio revisa la incorporación de instrumentos internacionales al ordenamiento constitucional colombiano, con énfasis en el desarrollo del Derecho Ambiental. También examina la influencia de la Conferencia de Estocolmo en la Constitución de 1991 y los mecanismos de participación ciudadana para la protección del medio ambiente. Asimismo, se resalta la creación de instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, que fortalecieron la gestión ambiental en el país. Finalmente, se aborda el principio de precaución como herramienta adoptada por el Estado colombiano para prevenir riesgos y daños ambientales, respaldado por la Sentencia C-519 de 1994 de la Corte Constitucional, que reconoce el derecho a un ambiente sano como pilar fundamental de la Constitución de 1991.