Con los cambios sociales, económicos y culturales que se presentaron el siglo XIX en la industrialización, en países como Gran Bretaña, Francia, España y Alemania, se evidencio en los trabajadores la urgente necesidad de impulsar una reglamentación de los accidentes de trabajo, en particular frente a la concepción del riesgo ocupacional.
En los países latinoamericanos, con la orientación de organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los gobiernos de estos países han iniciado el desarrollo legislativo en torno a la protección de la salud ocupacional de los trabajadores, reglamentando los accidentes de trabajo, la enfermedad profesional y la salud ocupacional como derechos laborales fundamentales, amparados por el Estado.
En Colombia mediante ley 100 de 1993, se estableció el Sistema de Riesgos Profesionales, el Decreto 1295 de 1994 y la ley 776 de 2002, así como también la resolución 00156 del 27 de enero del 2005, entre otros, se reglamentó el marco legal para determinar y clasificar los accidentes laborales, sus factores de riesgo y las medidas preventivas en el ejercicio laboral.
Bajo la perspectiva de los derechos laborales, el trabajo como derecho fundamental constitucional y actividad humana esencial para la satisfacción de las necesidades y realización personal, requiere de unas condiciones justas y dignas que permitan al individuo una calidad de vida óptima. En la ejecución de esta labor, es preciso contar con la interacción e integración de varios elementos (los medios, los recursos, el tiempo, la capacitación y una condición física y mental, entre otros), que junto con los procesos y organización del ambiente laboral, evitan traumatismos o trastornos en la salud del empleado.