Cristancho Penagos, Clara PaolaClara PaolaCristancho PenagosCubides Marquez, Yuly AndreaYuly AndreaCubides MarquezDuque Salazar, Leidy Catalina2024-12-132024-12-132024-12-04https://repositorio.unicoc.edu.co/handle/SII-Unicoc/161In Colombia, attacks against rural communities have been a constant concern and disturbing phenomenon, especially considering the armed conflict and crimes against humanity. Normally, different illegal armed groups such as guerrillas, paramilitaries, and criminal gangs (BACRIM) are responsible for carrying out these attacks in order to dominate strategic areas, natural resources or exercise their political influence. In the context of the internal armed conflict, rural communities in Colombia have been constantly attacked by different illegal armed groups. These attacks encompass massacres, forced displacements, targeted killings and other flagrant violations of human rights. This constitutes a model of crimes against humanity. Although the government has made efforts to demobilize paramilitary groups and negotiate peace agreements with the FARC-EP, the persistence of these attacks highlights the challenges in terms of protection and justice for victims.En Colombia, las agresiones hacia las comunidades rurales han sido una constante preocupación y fenómeno inquietante, especialmente considerando el conflicto armado y los delitos de lesa humanidad. Normalmente, distintos grupos armados ilegales como guerrillas, paramilitares y bandas criminales (BACRIM) son responsables de llevar a cabo estos ataques con el fin de dominar áreas estratégicas, recursos naturales o ejercer su influencia política. Distintas formas de violencia han afectado a las comunidades rurales, especialmente aquellas conformadas por campesinos, indígenas y afrodescendientes. Estos actos violentos incluyen masacres, desplazamientos forzados, homicidios selectivos, reclutamiento obligatorio de menores y otras graves infracciones contra los derechos fundamentales. Además de causar un alto número de víctimas mortales y heridos, estos ataques tienen también efectos devastadores en el plano psicológico y socioeconómico dentro de las comunidades afectadas. El crimen de lesa humanidad abarca acciones sistemáticas y extendidas que violan la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas, con el conocimiento o permiso tanto de las autoridades como de grupos organizados. En Colombia, las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado y denunciado estos crímenes, instando a la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas. El gobierno colombiano ha tomado varias acciones para abordar este problema, tales como la desmovilización de grupos paramilitares, entablar negociaciones de paz con guerrillas como las FARC-EP y establecer leyes que protejan los derechos de las víctimas y aseguren su acceso a la justicia. A pesar de esto, la persistencia de estos ataques resalta los retos constantes que existen en la búsqueda de paz y protección de los derechos humanos en el país. En síntesis, los ataques a comunidades rurales en Colombia como parte de un crimen de lesa humanidad representan una seria infracción a los derechos fundamentales, con fuertes repercusiones tanto para las personas afectadas como para la sociedad en general. En Colombia, es crucial continuar buscando la verdad, alcanzar la justicia y lograr reparaciones para construir una paz duradera y fortalecer el respeto a los derechos fundamentales.59 pp.application/pdfesColombiacrímenes de lesa humanidadcomunidades ruralesderechos humanosjusticia y reparaciónpolíticas gubernamentalesInvestigación Bibliográfica Documentaltext::thesis::bachelor thesisDE-BOG-20241-115Colombiacrimes against humanityrural communitieshuman rightsjustice and reparationgovernment policiesopenAccess