Constitución de una I.P.S. en el Municipio de Tocaima - Cundinamarca.

Al iniciar el proyecto de investigación se propone la constitución de una Institución Prestadora de Servicios de Salud en el Municipio de Tocaima - Cundinamarca, dada la coyuntura por las necesidades que atraviesa la población, indicada por las falencias y deficiencias en el sistema que administra la E.S.E. Hospital Marco Felipe Afanador, que sin competencia establece sus normas y procedimientos a seguir en la venta de servicios, no satisfaciendo en su totalidad las necesidades de la población de dicho municipio. Por tanto, después de haber realizado la investigación del funcionamiento de tal entidad se establece la importancia de la creación de una I.P.S. privada, que logre abastecer y resolver dichas necesidades para lograr el fortalecimiento de lo que se determina como tal el Sistema General de Seguridad Social en Salud establecido en la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, donde su finalidad radica en cumplir los principios generales que emana la Constitución Política de Colombia de 1991. De lo anterior, es claro que en Colombia la normatividad tiende a garantizar la prestación de los servicios de salud, coincidiendo con la importancia que las diferentes IPS deben adoptar unos sistemas de garantía que permitan la rentabilidad social y económica. Las IPS deben tener como principios básicos la calidad y la eficiencia, y tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera. Sin desconocer que están prohibidos todos los acuerdos o convenios entre IPS, entre asociaciones o sociedades científicas, y de profesionales o auxiliares del sector salud, o al interior de cualquiera de los anteriores, que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del mercado, o impedir, restringir o interrumpir la prestación de los servicios de salud. En otro sentido no se puede desconocer que el desempeño del Talento Humano en salud lleva consigo un compromiso y una responsabilidad social, que implica la disposición de servicio hacia los individuos y las colectividades sin importar creencias, raza, filiación política u otra condición humana. Es claro entonces que la normatividad vigente es amplia y suficiente para el sector y que permite la libre competencia y la libre elección por parte del usuario para acceder a los servicios de salud.