Análisis del mecanismo: Subasta inversa electrónica en Colombia, a la luz de la pluralidad de oferentes y la eficiencia del proceso.

El presente trabajo pretende hacer una revisión del proceso de contratación selección abreviada por subasta inversa electrónica, proceso que en Colombia lleva poco tiempo de implementación pero que cada vez toma más fuerza dado que es más sencillo y ágil que una licitación pública y que aplica para los bienes y servicios que requieren contratar las entidades estatales con características técnicas uniformes y de común utilización.
La figura de los contratos dentro de la administración pública es considerada de interés nacional, puesto que son sometidos al régimen de derecho administrativo propio de los contratos administrativos. Por tanto, los sujetos que actúan en el campo del derecho administrativo son las personas jurídicas estatales las cuales forman parte de la organización general del Estado.
En este sentido, se puede afirmar que la Contratación Estatal se concibe como el mecanismo para proveer y coadyuvar en la adquisición de los bienes y servicios que son requeridos para el desarrollo económico y social de una nación. De ahí que, la administración pública exige una elevada capacidad de análisis de sus funcionarios, con ágil racionalidad en el proceso decisorio, de destreza al momento de plantear objetivos, configurando estrategias y en eficiente habilidad para las relaciones interpersonales, comprometiéndose en la correcta satisfacción de las necesidades de todos los ciudadanos dentro de la sociedad.
Es claro que la construcción de una nueva gestión pública, basada en el servicio a los ciudadanos, implica el desempeño de los servidores públicos con amplia formación para asumir de manera eficaz y eficiente los procesos de contratación estatal. De allí que, el cambio en las estructuras gerenciales que posee la administración pública exige procesos de modernización que estén acordes con las funciones establecidas legalmente para cada entidad. Por ello, el desafío que tiene el Estado para desarrollar una nueva cultura de la gestión pública, que se base en la modernización de los procesos, la moralidad, la ética, el sentido de servicio y la responsabilidad en el manejo del erario; reconociendo, además, la autonomía, protagonismo y responsabilidad que los servidores deben tener para lograr el desarrollo social.