Situación Actual del Sistema de salud para las personas privadas de la libertad en Colombia para el año 2016

En la búsqueda para garantizar este derecho a toda la población se ha vivido una serie de cambios normativos desde entrada en vigor del presente sistema de seguridad social en salud con la Ley 100 de 1993 siempre en busca de aumentar el acceso a los servicios de salud y mejorar la calidad de estos con igualdad en la prestación de servicios sin tener en cuenta si tienen o no capacidad de pago. Desde la constitución de 1991 se ha hablado de una igualdad de derechos para todos los ciudadanos del territorio nacional entre estos el derecho a la atención en salud consagrado en el artículo 49 de esta norma, donde consta que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 1 dentro de la población a la que se le busca garantizar este derecho se encuentran las personas privadas de la libertad, teniendo en cuenta que con la restricción de la libertad hay una restricción en sus derechos que impiden el goce complete de su ciudadanía; 2 entre dichas restricciones no se encuentra el derecho a la salud. La importancia de este tema debe generar un especial interés del gobierno y la población en general. 3 El gran número de tutelas interpuesta por personas que se encuentran privadas de su libertad exigiendo mejores condiciones en servicios de salud hace evidente la gran problemática que involucra tanto a las personas que se encuentran recluidas en un centre penitenciario como a las que se encuentran en detención domiciliaria. Los centros de reclusión representan un ambiente negativo para las personas privadas de la libertad, dadas las condiciones de sobrepoblación, deficiencias sanitarias entre otros factores que favorecen la adquisición de enfermedades transmisibles y no transmisibles. 4 De tal modo que la prestación de servicios de salud a esta población debe ser de obligatoria garantía, pero desafortunadamente el sistema penitenciario no ha tenido a lo largo de la historia capacidad para asumirlo.