El sistema electrónico de contratación pública – SECOP - como garante del principio de selección objetiva en la contratación estatal en Colombia

El texto explica que los fines del Estado, establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, requieren frecuentemente el uso de contratos estatales para su cumplimiento, lo que hace que la contratación pública sea esencial para la misión institucional de la administración. Según la Organización Mundial del Comercio, la contratación pública se refiere a las compras que realizan los organismos estatales con recursos públicos para cumplir fines públicos. Por ello, las entidades públicas suscriben contratos con particulares mediante un proceso de selección objetiva, con el fin de elegir la propuesta que mejor satisfaga sus necesidades de bienes y servicios.
La contratación pública en Colombia no tuvo desde sus inicios un estatuto general, sino que se fue regulando gradualmente mediante leyes emitidas por el gobierno para atender las necesidades contractuales. Entre las primeras normas se encuentran: la Ley 53 de 1909 (cláusula de caducidad en contratos públicos), la Ley 110 de 1912 (regulación del arriendo, adquisición y venta de bienes inmuebles del Estado), la Ley 61 de 1921 (pago de servicios y obras por la administración), la Ley 167 de 1941 y el Decreto Ley 528 de 1964 (organización de la jurisdicción contenciosa administrativa), la Ley 3130 de 1968 (sociedades de economía mixta y su contratación), y el Decreto 150 de 1976 (primer estatuto de contratación pública). Posteriormente, el Decreto Ley 222 de 1983 consolidó la regulación, sirviendo como antecedente directo de la Ley 80 de 1993, actual Estatuto General de la Contratación Pública en Colombia.