La igualdad en el proceso penal; una mirada a tres situaciones problemáticas desde la jurisprudencia de la corte constitucional colombiana.

En vigencia de la ley 600 de 2000, anterior Código de Procedimiento Penal (CPP) colombiano a lo largo de la historia, los despachos judiciales venían presentando traumatismos de toda índole, en especial por la escasa administración de justicia y la congestión de los mismos, derivando en la creciente delincuencia y la más alta impunidad;sumado a esto,el carácter inquisitivo del sistema donde el Fiscal tenia ademas de su calidad de parte del proceso, la posibilidad de dirigir toda una etapa investigativa, decretar a su arbitrio las pruebas que este considerara pertinentes y formular acusación si así Io considerara, dejando en condición de desigualdad al sindicado frente al poder devastador del Estado; máxime cuando hasta en los artículos 234 y 401dedichoestatuto,alJuezle estaba permitido el decreto oficioso de pruebas, haciendo aún más desigual el acceso a la administración de justicia para los presuntos comitentes de las conductas que se consideran contrarias al orden social y legal, y que lesionan bienes protegidos jurídicos.