El Estado y la familia como garantes del bienestar de la tercera edad (Adulto Mayor).

En Colombia, acceder a la seguridad social tiene determinados costos y trámites que tienen que suplirse de manera no tan expedita, lo cual dificulta a los adultos mayores su accesibilidad, razón por la cual tanto el Estado como las familias desatienden las necesidades de quienes se encuentran en calidad de adultos mayores. En el presente trabajo se pretende dar a conocer la situación en la que se encuentran estos adultos mayores con respecto a su calidad de vida, que debe estar representada por una buena vivienda, educación, seguridad en salud a través del sistema que para el efecto maneja el estado, que bien puede darse dentro del sistema contributivo o subsidiado, su atención psicológica, emocional y de afectividad que deben recibir por quienes le rodean, así como el acompañamiento decidido de sus propios familiares y del Estado como tutor fundamental de la seguridad ciudadana . En la definición y descripción del problema, se anotan las responsabilidades que les asisten tanto al Estado como a sus familiares, responsabilidades que son ineludibles en las áreas de la salud, la recreación y bienestar en general de los adultos mayores. En este aspecto y como referentes bibliográfico, se consignan algunos índices estudiados y analizados por la universidad Externado de Colombia, en relación con la seguridad social en cuanto a sus sistemas pensionales y la dificultad de acceder a ellos, así como el incremento acelerado de Gerontes a nivel nacional, lo cual en un futuro cercano se constituirá en grave problema de salud pública de los adultos mayores ante la inseguridad de poseer una salud, alimentación y vivienda en condiciones dignas al ser humano. La Justificación determina la necesidad de que tanto el Estado como sus familiares asuman la responsabilidad de asistir a los adultos mayores en todo lo relacionado con calidad de vida aceptable y dentro de los parámetros de los derechos del hombre. Igualmente, desde el punto de vista jurídico, el trabajo se enmarca bajo los parámetros de la Constitución política de Colombia y las leyes que han sido sancionadas para tal efecto.