La eficacia de la normatividad dirigida a la protección de la mujer desplazada en Colombia

El conflicto armado, es una de las principales causas que genera el desplazamiento forzado en Colombia, el cual se presenta en regiones con atractivos geográficos para la implementación de acciones ilícitas, que conllevan a una violencia en contra de la población civil. La Corte Constitucional al recibir un gran número de tutelas interpuestas por personas víctimas del desplazamiento forzado, como consecuencia del conflicto armado interno, ha implementado una serie de sentencias para que el Estado en su actuar ejerza un control y una protección a las personas afectadas por este flagelo. Pero la falta de interés y voluntad del gobierno nacional por asistir y restituir los Derechos Vulnerados como consecuencia de este flagelo ha generado una serie de tensiones y violencia generalizada a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Este fenómeno se da en nuestro país por unas estructuras económicas, unas condiciones sociales y políticas, que dan origen a un conflicto interno de una gran magnitud en la estructura social, del componente familiar. Tiene una grave afectación y se ve reflejado en el alto grado de personas que por la necesidad de salvaguardar su vida y la de sus familias tienen que desplazarse a unos sitios diferentes a los de su lugar de residencia. El rol de la mujer en el conflicto se ve expuesto a riesgos particulares, la hacen un sujeto vulnerable que merece una protección especial por parte del Estado. La mujer como víctima del conflicto armado interno, debe sobrellevar cargas económicas, sociales y familiares distintos a los acostumbrados, las cuales generan un impacto psicológico que marca su vida y la obliga a asumir una posición de liderazgo viéndose obligada a empezar una vida nueva en un sitio inhóspito y de pocas oportunidades para un buen nivel de vida.