La afección de la finalidad de las penas privativas de la libertad por el mal funcionamiento del servicio carcelario en materia de salud.

Uno de los pilares de un Estado social y democrático de derecho es velar por las garantías y derechos fundamentales de sus asociados. Colombia es un “Estado Social de Derecho organizado en forma de Republica Unitaria, fundada en el respeto de la dignidad humana de todas las personas que la integran...”1 art 1 de la Constitución política. Su fin esencial es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución y demás normas concordantes.
Si bien la protección de dichos principios y derechos buscan proteger a cabalidad a la población, dentro de ella también existe un grupo de personas que, aunque tienen derechos fundamentales restringidos de forma legal, se les vulnera los preceptos básicos y mínimos que el Estado como garante debe proteger. Las personas que están en espera de una sentencia o en su defecto están cumpliendo una pena, también conocidos como población carcelaria, son sujetos a los cuales el Estado de forma legal y constitucional les restringe determinados derechos y deberes, pues al violentar el mandato constitucional y legal, se debe recibir un “castigo”. Sin embargo, no se debe restringir los principios y derechos mínimos de las personas, en la medida en que “los derechos propios del ser humano, Io que nos define como personas y nos hace ser personas”, son el derecho a la vida, a la salud considerado hoy como un derecho fundamental autónomo y la dignidad humana.
Dicho lo anterior, se debe investigar si existe una vulneración de derechos y principios no solo constitucionales sino además penales, pues se deja entre dicho para que sirve la pena sino se respeta los principios fundamentales de un Estado social de derecho. El cuestionamiento surge entonces por las evidencias de vulneración de derechos a la salud, como los causados por la no atención oportuna de tratamientos, heridas, enfermedades, etc., que pone en riesgo la vida misma de los reclusos y la vulneración a la dignidad humana como se evidencia con el hacinamiento carcelario, por lo tanto en nuestra investigación buscamos las respuestas a si la violación o afectación al derecho a la salud, respecto de las personas privadas de la libertad afecta los fines de la pena?, pues es una obligación del Estado prestar asistencia y velar por el cumplimiento correcto de los derechos de todas las personas dentro de su territorio, tal y como lo expresa el artículo 1 de la Constitución política de Colombia.
Por tanto, debemos demostrar que no solo hay vulneración de derechos humanos sino también de los principios que rigen al Estado Social y democrático de Derecho donde dentro de ella la pena tiene una finalidad y si se logra demostrar la afectación de la misma, dejaríamos en evidencia que no se ha evolucionado ni social, ni penal ni mucho menos constitucionalmente.