El Alcance del control de convencionalidad en la protección de los derechos políticos de funcionarios y servidores públicos elegidos por voto popular en Colombia

La presente investigación monográfica analiza el alcance del control de convencionalidad en la protección de los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto popular en Colombia. A partir de una perspectiva analítica y dogmática, se examina la tensión institucional y normativa originada entre la potestad disciplinaria administrativa de la Procuraduría General de la Nación y la estricta reserva judicial penal prevista en el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, desarrollada por la Corte Interamericana en fallos paradigmáticos como López Mendoza vs. Venezuela y Petro Urrego vs. Colombia. Asimismo, se estudia la interacción de estas prerrogativas con la Carta Democrática Interamericana y la Opinión Consultiva OC-28/21. Se evalúa críticamente la respuesta del Estado colombiano a través de la Ley 2094 de 2021 y la Sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional, demostrando que el esquema de revisión judicial automática ante el Consejo de Estado desnaturaliza la teoría general del proceso, suspende indefinidamente la eficacia de las sanciones y resulta inconvencional. Frente a ello, se plantea como tesis y propuesta de lege ferenda una reestructuración procesal integral: en el plano internacional, promover una enmienda al artículo 23.2 de la Convención Americana que consagre una competencia dual, manteniendo la reserva del juez penal para conductas delictivas, pero incorporando formalmente al juez disciplinario especializado para limitar tales derechos cuando se configuren faltas exclusivas contra el deber funcional y la ética pública; y en el plano doméstico, mediante reforma constitucional, instituir un modelo de doble canal que cree una jurisdicción disciplinaria especializada (Juzgados y Tribunales) exclusiva para mandatarios electos dentro de la Rama Judicial. En este esquema, la Procuraduría asume un rol acusador e instructor que radica pliegos ante jueces independientes, garantizando la eficacia de la moralidad pública, la sostenibilidad fiscal y la plena reserva judicial sin sobrecargar a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.