La política criminal, una de las causas del hacinamiento carcelario en Colombia.

Algunos autores de gran importancia han sostenido que privar de la libertad a los individuos que infringen la ley o las normas no es un mecanismo preventivo del delito, sino que ha sido el medio de castigo, como en épocas anteriores se castigaba con el suplicio que infundía miedo en la comunidad a quebrantar las normas. Plantean que se deben dedicar mayores esfuerzos no en castigar sino en prevenir, pero la prevención implica educar al individuo en la sociedad sin aislarlo de ella, invirtiendo en políticas públicas.
Por otra parte, la elaboración de la política criminal en Colombia se ha desarrollado bajo la presión de los medios de comunicación que manipulan el sentimiento de venganza que la comunidad reclama cuando ven que alguno de sus derechos ha sido vulnerado. El diseño de estos lineamientos lo realiza la clase política dominante, quienes inclinan la balanza del poder a su favor y finalmente las políticas públicas, entre estas la criminal, terminan siendo discursos de campaña que enardecen al pueblo que a la postre será el afectado. Dichos discursos llevados a la realidad sin tener en cuenta el factor social, no previenen ni evitan la criminalidad, pero sí favorecen el crecimiento de la población reclusa que a la vez llena las cárceles del país por encima de su capacidad normal, generando una serie de violaciones de derechos que ya por la costumbre la comunidad ve como normal.
La política criminal debe ser entonces el resultado del trabajo mancomunado de la colectividad con la administración, en el que se contemplen todos los factores que inciden de fondo en el comportamiento delictivo, donde se formulen verdaderas políticas públicas sociales que contengan como última alternativa la aplicación del derecho penal, anteponiendo a éste la educación, la capacitación, la cultura, el arte, los valores morales y de convivencia para que de este modo, se puedan obtener resultados positivos en una eficaz política criminal.