El feminicidio se define como la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer o por motivos relacionados con su identidad de género, conforme al artículo 2° de la Ley 1761 de 2015 en Colombia. Esta norma tipifica el feminicidio como delito autónomo y busca proteger el derecho a la vida de las mujeres frente a la violencia basada en género. El texto señala que diversos factores influyen en la comisión del feminicidio, como la violencia intrafamiliar, condiciones económicas, antecedentes de violencia del agresor, entorno social y formación cultural. Sin embargo, el trabajo sostiene que no era necesario convertir el feminicidio en un delito autónomo, pues ya existía como circunstancia agravante en el Código Penal. Según esta postura, la Ley 1761 de 2015 responde al llamado “populismo punitivo”, entendido como una estrategia política que propone endurecer las penas para generar impacto mediático y dar la impresión de combatir eficazmente la criminalidad, sin atacar las causas estructurales del problema. En cuanto a la estructura del trabajo, el primer capítulo analiza los instrumentos jurídicos internacionales dirigidos a combatir la discriminación y la violencia de género, destacando la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como los sistemas europeo y americano de derechos humanos y la postura de la ONU. El segundo capítulo estudia el delito de feminicidio en América Latina, con énfasis en Colombia y otros países como República Dominicana, Perú, Argentina y México. El tercer capítulo aborda la discriminación, la violencia de género y la naturaleza jurídica del feminicidio, mientras que el cuarto desarrolla el análisis legal y jurisprudencial correspondiente.