La contratación pública en Colombia es fundamental para el desarrollo del país y para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, especialmente el servicio a la comunidad y la promoción de la prosperidad. A través de ella se ejecutan obras de infraestructura y se prestan servicios de interés público, lo que exige que los procesos se desarrollen con transparencia, eficiencia y eficacia bajo una normativa obligatoria. Dentro de este marco, la contratación directa es una de las modalidades más utilizadas, especialmente en situaciones excepcionales como la urgencia manifiesta, que surge cuando se presentan circunstancias que requieren una respuesta inmediata por parte del Estado. Sin embargo, esta modalidad implica una mayor responsabilidad para los servidores públicos, ya que puede generar riesgos de irregularidades y abrir espacios para la corrupción si no se ejerce un control adecuado. Por ello, el estudio analiza la normativa, la doctrina, la jurisprudencia y los pronunciamientos de los entes de control relacionados con la urgencia manifiesta, con el fin de comprender sus implicaciones en la contratación pública. Asimismo, examina el caso de la emergencia invernal ocurrida entre 2010 y 2011 en los municipios de Cajicá, Nemocón y Sopó (Cundinamarca), para evaluar la aplicación de la norma y detectar posibles irregularidades en el uso de la contratación directa durante estos eventos.